Rodolfo J. Novakovic.*
Transcurría el mes de noviembre de 1974, cuando —luego de cuatro años— el Estado devolvía el control operacional de la empresa MADECO a su directorio, en un 41,63% en manos de privados extranjeros y del cual CORFO era el segundo mayor de sus accionistas con un 21,63% del capital social. El grupo privado extranjero, representado principalmente por General Cable Corp. y CEAT International, había ingresado a la compañía — en 1967— para elaborar conductores eléctricos y cables telefónicos, celebrando para ello un contrato de Asistencia Técnica que perduraría hasta 1982.
Por otra parte, en noviembre de 1970, por caución solidaria CORFO-MADECO, se suscribe una póliza de seguro cuyo monto total era cercano a los US$ 800.000 dólares, los que cubrían robos e incendios que pudiesen suceder dentro de la planta de tubos; monto que de cobrarse beneficiaría a CORFO en calidad de acreedor prendario.
Entre 1972 y 1973, durante el gobierno de la Unidad Popular, el Estado —por medio de CORFO— convino con el grupo extranjero en adquirir la totalidad de acciones que CEAT, Helleborus, General Cable y Maytree tenían en MADECO, equivalentes al 41,63% de capital social, con lo cual el grupo extranjero debía abandonar la sociedad —no pudiendo permanecer hasta 1982— y así CORFO tomaba el control total con el 63,26% de la empresa.
Tras el "pronunciamiento militar", y acogiéndose MADECO a los decretos ley N° 88 de 1973 y N° 333 de 1974, la empresa quedó nuevamente en poder de los privados, pero con poca liquidez y escasa capacidad económica como para hacer frente a todos los desafíos futuros, de modo que parecía lógico que algunos ejecutivos de CORFO y MADECO pensaran en hacer uso de los fondos que pudiesen proveer los antiguos seguros contratados, uno de los cuales —como ya se dijo— había sido tomado en 1970 principalmente con “the Home Insurance Company”.
Fue así que —cuidadosamente— planificaron la creación de una empresa que realizase trabajos paralelos a MADECO, a la que acusarían de robar piezas de vital importancia desde ésta última, con la finalidad de presentar cargos ante tribunales, obtener fallo o sentencia favorable, y así —con la causa fallada y ejecutoriada— presentarla ante las compañías aseguradoras y cobrar aquellas suculentas pólizas de seguro.
La empresa a la que MADECO culparía, fue formada en mayo de 1974, y se llamó TRENA Limitada, siendo formada por el abogado Jorge Guerrero Serrano y por Kurt Brauner Marcus. Se emitieron órdenes de trabajo para con MADECO, y aprovechado que el ingeniero Otto Reinard, y el jefe de turno de la Planta de Tubos, Pascual Rojas Arias, debieron necesariamente trabajar con el cliente en los procesos de trefilación de metales para la elaboración de antenas, objeto social de TRENA, el entonces subgerente y secretario general de la empresa, el abogado Carlos Vicuña Fuentes, y el gerente de personal, Jaime Deichler Guzmán, acusaron a estos dos trabajadores y a otros dos ex empleados, de ser los legítimos dueños y socios de TRENA, y de robar elementos de matricería y “pepas” desde MADECO para llevarlas a la industria paralela que ellos formaron, siendo los cuatro —por dichos supuestos delitos— detenidos por Policía de Investigaciones de Chile (PICH).
En el caso de Pascual Rojas Arias, previa a su detención por la PICH, fue sacado desde MADECO, mientras cumplía su turno, y llevado al Regimiento Tacna, donde luego de ser torturado se le obligó a firmar un documento en donde él se autoinculpaba de ser socio de TRENA y de estar robando material tecnológico desde MADECO.
Con fecha 28 de noviembre de 1974 el entonces secretario general, Carlos Vicuña, interpone querella criminal en contra de Pascual Rojas y sus otros tres compañeros ante el Primer Juzgado del Crimen de San Miguel, quedando el expediente bajo el Rol N° 41.638 de aquel año. Las diligencias fueron conducidas por el juez de dicho tribunal, Rodolfo Abregó Diamantti (quien lo fuede entre 1974 y el año 1983, para luego ser trasladado a la Corte de Apelaciones de la ciudad de Valdivia). Con la finalidad de otorgar un marco de seriedad y credibilidad a lo sucedido, CORFO y MADECO se contactaron con El Mercurio donde, con fecha martes 10 de diciembre de ese año, describieron todos estos hechos, y cómo el Departamento de Seguridad Industrial del Regimiento Tacna, quien —según Vicuña— tenía a cargo la seguridad de la Planta de Tubos, había notado la desaparición de piezas invaluables con destino la empresa TRENA.
El proceso se prolongó por más de tres años, hasta que el 19 de julio de 1977 el juez Abregó dictó sentencia en contra de Pascual Rojas, condenándolo a una pena de 541 días de prisión por su participación en la sociedad TRENA y en el robo de material de matricería desde MADECO. Extrañamente, dicho magistrado jamás citó a careo, a interrogatorio, ni jamás procesó al abogado fundador de TRENA, don Jorge Guerrero, como tampoco solicitó copia de las escrituras ni inscripción de dicha empresa, sino que su fallo se basó en presunciones, en “dimes y diretes”, perjudicando por cerca de 36 años al señor Rojas, ex Jefe de Turno de MADECO, quien sólo el día 14 de enero del presente año pudo obtener el sobreseimiento definitivo y la prescripción de los hechos.
Con la dictación reciente de este sobreseimiento, se retrotraen todos los plazos al momento de la ejecutoria de esta sentencia, debiendo responder civilmente CORFO, MADECO y TRENA por estos hechos y reparar el daño causado.
Pese a que la causa 41.638 de 1974 ha sido certificada y figura como extraviada, sin que jamás el tribunal o el archivo judicial de San Miguel hayan solicitado sumario por la pérdida de dicho importante material, aún así es posible reconstituir ciertos hechos.
Cuando los cuatro trabajadores de MADECO fueron acusados injustamente de participar en estos ilícitos e injuriados por El Mercurio, un mes después, en enero de 1975, el abogado Jorge Guerrero Serrano, Kurt Brauner Marcus y su esposa May Kopeland Urrutia, legítimos dueños de TRENA, realizan un aporte de capital, pasando de los E° 500.000 escudos de mayo de 1974 a la suma de E° 12.000.000, sin que la empresa sufriera paralización alguna, incautación de cuentas, o la detención de sus socios.
En efecto, TRENA LIMITADA, pese a que no figura con iniciación de actividades desde 2002, posee vigente su inscripción hasta el día de hoy— en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS).
Meses después de que la sentencia fuera dictada a mediados de 1977 en contra del ex jefe de turno Pascual Rojas, en MADECO se inician los trámites para el cobro de cuatro endosos correspondientes a la Póliza de Seguros, a favor de CORFO, bajo el nombre de “Incendio N° 75.392” con vigencia hasta el 15 de junio de 1980.
En febrero de 1978 por carta N° 1129, CORFO comunica al grupo extranjero, representado por CEAT INTERNATIONAL, que hará uso de su derecho de comprar el 41,63% de las acciones que ellos tienen en MADECO, removiéndolos definitivamente de la empresa. En mayo de 1979 CORFO reitera su intención y derecho de remover al grupo extranjero, por lo cual con fecha 16 de julio de 1979, Héctor Humeres Noguer, jefe del Departamento de Auditoría de MADECO, adjunta a CORFO, para su cobro, los originales de los Endosos de dicha póliza, todo por un monto de US$ 790.806 dólares.
Dos meses después, con fecha 28 de septiembre de 1979, la empresa CEAT figura adquiriendo, en representación del grupo extranjero, el 21,63% que CORFO tenía en MADECO por un monto de US$ 4 millones; pero que en definitiva sólo se canceló la suma de US$ 800.000 dólares (cifra parecida a la otorgada a favor de CORFO por la póliza de seguro), quedando los restantes US$ 3.2 millones bajo la responsabilidad de don Andrónico Luksic Abaroa, quien en representación de Forestal Quiñenco S.A., debía cancelar el saldo insoluto en siete cuotas iguales con un 10% de interés anual, debiendo ser cancelada la última en 1985.
Para asegurarse que el pago se realizara, CORFO prendó y gravó a su nombre el 51% de las acciones de MADECO, con prohibición de enajenarlas. Luego de renegociar la deuda con CORFO en 1982 y 1983, en el año 1985 todavía Quiñenco figuraba como moroso y sin que el pago inicial, aceptado por CEAT INTERNATIONAL, fuese cumplido.
Hasta la fecha, y pese a que el autor de este artículo ha buscado en documentos del Archivo Corfo —dentro del Archivo Nacional de Chile— así como solicitado directamente a CORFO copia fiel de las resoluciones e informes que certifiquen que Quiñenco canceló finalmente su deuda, dichas certificaciones —que debiesen públicas y fáciles de obtener— no han sido proporcionadas.
Por otra parte el abogado Jorge Guerrero Serrano (socio de TRENA), la gerencia de MADECO, el señor José Francisco Pérez Mackenna (Gerente General de Quiñenco), Diario El Mercurio, CORFO y hasta el propio Ejército de Chile, han declinado efectuar comentarios sobre lo sucedido, ya sea para aclarar o desmentir la versión que en este artículo se publica.
Pascual Rojas, con toda esta documentación, dedujo — el pasado jueves 20 de abril— una demanda divil en contra de CORFO y de Quiñenco S.A., quedando dicha causa radicada en el 16° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol N° 8445; siendo la abogada Ruzy Mitrovic quien lo represente en este libelo.
En conclusión podemos decir con responsabilidad que, el caso de los ilícitos cometidos en contra de Pascual Rojas Arias, con la complicidad de un juez de la República, —señor Abregó, quien hoy preside la Corte de Apelaciones de Valdivia— aparentemente obedecieron a un intento por cobrar pólizas de seguros contraídas en el pasado, aunque también demuestran actos que vulneran los convenios internacionales y las leyes nacionales —como la ley N° 20.405— en materia de Derechos Humanos.
El Grupo Quiñenco pretende ser hoy un referente de empresa ejemplar, de hombres modelos a cargo de posibles proyectos relacionados, con Francia, en materia de Energía Nuclear, pero con un evidente “talón de Aquiles” en materia de DDHH, al cual debemos sumar el hecho que dicha aparente “empresa privada” no han podido demostrar —mediante documentos legalmente vertidos— que Quiñenco es realmente una empresa privada, y no una entidad títere controlada por CORFO, esto es, una mera empresa del Estado de Chile camuflada con “aires privados”.
Por otro lado, MADECO S.A. controlada por Quiñenco es una empresa que hasta la presente fecha es sindicada por el Ministerio Público de Chile como una entidad que actúa como reducidora de metales robados; la que sólo el año pasado adquirió “cobre robado” por un monto cercano a los US$ 20 millones, y que es materia hoy de investigación tanto en Fiscalía como en los tribunales chilenos.
La lección de este caso es simple: no todo lo que brilla es oro (ni cobre)
* Ingeniero físico, investigador y consultor.
Transcurría el mes de noviembre de 1974, cuando —luego de cuatro años— el Estado devolvía el control operacional de la empresa MADECO a su directorio, en un 41,63% en manos de privados extranjeros y del cual CORFO era el segundo mayor de sus accionistas con un 21,63% del capital social. El grupo privado extranjero, representado principalmente por General Cable Corp. y CEAT International, había ingresado a la compañía — en 1967— para elaborar conductores eléctricos y cables telefónicos, celebrando para ello un contrato de Asistencia Técnica que perduraría hasta 1982.
Por otra parte, en noviembre de 1970, por caución solidaria CORFO-MADECO, se suscribe una póliza de seguro cuyo monto total era cercano a los US$ 800.000 dólares, los que cubrían robos e incendios que pudiesen suceder dentro de la planta de tubos; monto que de cobrarse beneficiaría a CORFO en calidad de acreedor prendario.
Entre 1972 y 1973, durante el gobierno de la Unidad Popular, el Estado —por medio de CORFO— convino con el grupo extranjero en adquirir la totalidad de acciones que CEAT, Helleborus, General Cable y Maytree tenían en MADECO, equivalentes al 41,63% de capital social, con lo cual el grupo extranjero debía abandonar la sociedad —no pudiendo permanecer hasta 1982— y así CORFO tomaba el control total con el 63,26% de la empresa.
Tras el "pronunciamiento militar", y acogiéndose MADECO a los decretos ley N° 88 de 1973 y N° 333 de 1974, la empresa quedó nuevamente en poder de los privados, pero con poca liquidez y escasa capacidad económica como para hacer frente a todos los desafíos futuros, de modo que parecía lógico que algunos ejecutivos de CORFO y MADECO pensaran en hacer uso de los fondos que pudiesen proveer los antiguos seguros contratados, uno de los cuales —como ya se dijo— había sido tomado en 1970 principalmente con “the Home Insurance Company”.
Fue así que —cuidadosamente— planificaron la creación de una empresa que realizase trabajos paralelos a MADECO, a la que acusarían de robar piezas de vital importancia desde ésta última, con la finalidad de presentar cargos ante tribunales, obtener fallo o sentencia favorable, y así —con la causa fallada y ejecutoriada— presentarla ante las compañías aseguradoras y cobrar aquellas suculentas pólizas de seguro.
La empresa a la que MADECO culparía, fue formada en mayo de 1974, y se llamó TRENA Limitada, siendo formada por el abogado Jorge Guerrero Serrano y por Kurt Brauner Marcus. Se emitieron órdenes de trabajo para con MADECO, y aprovechado que el ingeniero Otto Reinard, y el jefe de turno de la Planta de Tubos, Pascual Rojas Arias, debieron necesariamente trabajar con el cliente en los procesos de trefilación de metales para la elaboración de antenas, objeto social de TRENA, el entonces subgerente y secretario general de la empresa, el abogado Carlos Vicuña Fuentes, y el gerente de personal, Jaime Deichler Guzmán, acusaron a estos dos trabajadores y a otros dos ex empleados, de ser los legítimos dueños y socios de TRENA, y de robar elementos de matricería y “pepas” desde MADECO para llevarlas a la industria paralela que ellos formaron, siendo los cuatro —por dichos supuestos delitos— detenidos por Policía de Investigaciones de Chile (PICH).
En el caso de Pascual Rojas Arias, previa a su detención por la PICH, fue sacado desde MADECO, mientras cumplía su turno, y llevado al Regimiento Tacna, donde luego de ser torturado se le obligó a firmar un documento en donde él se autoinculpaba de ser socio de TRENA y de estar robando material tecnológico desde MADECO.
Con fecha 28 de noviembre de 1974 el entonces secretario general, Carlos Vicuña, interpone querella criminal en contra de Pascual Rojas y sus otros tres compañeros ante el Primer Juzgado del Crimen de San Miguel, quedando el expediente bajo el Rol N° 41.638 de aquel año. Las diligencias fueron conducidas por el juez de dicho tribunal, Rodolfo Abregó Diamantti (quien lo fuede entre 1974 y el año 1983, para luego ser trasladado a la Corte de Apelaciones de la ciudad de Valdivia). Con la finalidad de otorgar un marco de seriedad y credibilidad a lo sucedido, CORFO y MADECO se contactaron con El Mercurio donde, con fecha martes 10 de diciembre de ese año, describieron todos estos hechos, y cómo el Departamento de Seguridad Industrial del Regimiento Tacna, quien —según Vicuña— tenía a cargo la seguridad de la Planta de Tubos, había notado la desaparición de piezas invaluables con destino la empresa TRENA.
El proceso se prolongó por más de tres años, hasta que el 19 de julio de 1977 el juez Abregó dictó sentencia en contra de Pascual Rojas, condenándolo a una pena de 541 días de prisión por su participación en la sociedad TRENA y en el robo de material de matricería desde MADECO. Extrañamente, dicho magistrado jamás citó a careo, a interrogatorio, ni jamás procesó al abogado fundador de TRENA, don Jorge Guerrero, como tampoco solicitó copia de las escrituras ni inscripción de dicha empresa, sino que su fallo se basó en presunciones, en “dimes y diretes”, perjudicando por cerca de 36 años al señor Rojas, ex Jefe de Turno de MADECO, quien sólo el día 14 de enero del presente año pudo obtener el sobreseimiento definitivo y la prescripción de los hechos.
Con la dictación reciente de este sobreseimiento, se retrotraen todos los plazos al momento de la ejecutoria de esta sentencia, debiendo responder civilmente CORFO, MADECO y TRENA por estos hechos y reparar el daño causado.
Pese a que la causa 41.638 de 1974 ha sido certificada y figura como extraviada, sin que jamás el tribunal o el archivo judicial de San Miguel hayan solicitado sumario por la pérdida de dicho importante material, aún así es posible reconstituir ciertos hechos.
Cuando los cuatro trabajadores de MADECO fueron acusados injustamente de participar en estos ilícitos e injuriados por El Mercurio, un mes después, en enero de 1975, el abogado Jorge Guerrero Serrano, Kurt Brauner Marcus y su esposa May Kopeland Urrutia, legítimos dueños de TRENA, realizan un aporte de capital, pasando de los E° 500.000 escudos de mayo de 1974 a la suma de E° 12.000.000, sin que la empresa sufriera paralización alguna, incautación de cuentas, o la detención de sus socios.
En efecto, TRENA LIMITADA, pese a que no figura con iniciación de actividades desde 2002, posee vigente su inscripción hasta el día de hoy— en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS).
Meses después de que la sentencia fuera dictada a mediados de 1977 en contra del ex jefe de turno Pascual Rojas, en MADECO se inician los trámites para el cobro de cuatro endosos correspondientes a la Póliza de Seguros, a favor de CORFO, bajo el nombre de “Incendio N° 75.392” con vigencia hasta el 15 de junio de 1980.
En febrero de 1978 por carta N° 1129, CORFO comunica al grupo extranjero, representado por CEAT INTERNATIONAL, que hará uso de su derecho de comprar el 41,63% de las acciones que ellos tienen en MADECO, removiéndolos definitivamente de la empresa. En mayo de 1979 CORFO reitera su intención y derecho de remover al grupo extranjero, por lo cual con fecha 16 de julio de 1979, Héctor Humeres Noguer, jefe del Departamento de Auditoría de MADECO, adjunta a CORFO, para su cobro, los originales de los Endosos de dicha póliza, todo por un monto de US$ 790.806 dólares.
Dos meses después, con fecha 28 de septiembre de 1979, la empresa CEAT figura adquiriendo, en representación del grupo extranjero, el 21,63% que CORFO tenía en MADECO por un monto de US$ 4 millones; pero que en definitiva sólo se canceló la suma de US$ 800.000 dólares (cifra parecida a la otorgada a favor de CORFO por la póliza de seguro), quedando los restantes US$ 3.2 millones bajo la responsabilidad de don Andrónico Luksic Abaroa, quien en representación de Forestal Quiñenco S.A., debía cancelar el saldo insoluto en siete cuotas iguales con un 10% de interés anual, debiendo ser cancelada la última en 1985.
Para asegurarse que el pago se realizara, CORFO prendó y gravó a su nombre el 51% de las acciones de MADECO, con prohibición de enajenarlas. Luego de renegociar la deuda con CORFO en 1982 y 1983, en el año 1985 todavía Quiñenco figuraba como moroso y sin que el pago inicial, aceptado por CEAT INTERNATIONAL, fuese cumplido.
Hasta la fecha, y pese a que el autor de este artículo ha buscado en documentos del Archivo Corfo —dentro del Archivo Nacional de Chile— así como solicitado directamente a CORFO copia fiel de las resoluciones e informes que certifiquen que Quiñenco canceló finalmente su deuda, dichas certificaciones —que debiesen públicas y fáciles de obtener— no han sido proporcionadas.
Por otra parte el abogado Jorge Guerrero Serrano (socio de TRENA), la gerencia de MADECO, el señor José Francisco Pérez Mackenna (Gerente General de Quiñenco), Diario El Mercurio, CORFO y hasta el propio Ejército de Chile, han declinado efectuar comentarios sobre lo sucedido, ya sea para aclarar o desmentir la versión que en este artículo se publica.
Pascual Rojas, con toda esta documentación, dedujo — el pasado jueves 20 de abril— una demanda divil en contra de CORFO y de Quiñenco S.A., quedando dicha causa radicada en el 16° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol N° 8445; siendo la abogada Ruzy Mitrovic quien lo represente en este libelo.
En conclusión podemos decir con responsabilidad que, el caso de los ilícitos cometidos en contra de Pascual Rojas Arias, con la complicidad de un juez de la República, —señor Abregó, quien hoy preside la Corte de Apelaciones de Valdivia— aparentemente obedecieron a un intento por cobrar pólizas de seguros contraídas en el pasado, aunque también demuestran actos que vulneran los convenios internacionales y las leyes nacionales —como la ley N° 20.405— en materia de Derechos Humanos.
El Grupo Quiñenco pretende ser hoy un referente de empresa ejemplar, de hombres modelos a cargo de posibles proyectos relacionados, con Francia, en materia de Energía Nuclear, pero con un evidente “talón de Aquiles” en materia de DDHH, al cual debemos sumar el hecho que dicha aparente “empresa privada” no han podido demostrar —mediante documentos legalmente vertidos— que Quiñenco es realmente una empresa privada, y no una entidad títere controlada por CORFO, esto es, una mera empresa del Estado de Chile camuflada con “aires privados”.
Por otro lado, MADECO S.A. controlada por Quiñenco es una empresa que hasta la presente fecha es sindicada por el Ministerio Público de Chile como una entidad que actúa como reducidora de metales robados; la que sólo el año pasado adquirió “cobre robado” por un monto cercano a los US$ 20 millones, y que es materia hoy de investigación tanto en Fiscalía como en los tribunales chilenos.
La lección de este caso es simple: no todo lo que brilla es oro (ni cobre)
* Ingeniero físico, investigador y consultor.
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